Gustavo Petro y Rodolfo Hernández:
dos formas de gestionar la cultura y la memoria

Una mirada sobre las propuestas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en relación con la gestión de la cultura y la memoria.

Juan Sebastián Mina

Cada tiempo le hace a la Historia las preguntas necesarias. Y cada respuesta trae consigo un amasijo de luces y oscuridades, de revelaciones y ocultamientos. En este tiempo, el pueblo colombiano ha decido preguntarse si es posible «un cambio». Algunos defienden que el cambio se ha dado progresivamente en forma de justicia (la bandera del cambio), y que claro, la justicia cojea, se arrastra, tarda, pero llega. Otros no se sienten parte de ese tal cambio; para ellos la justicia debe llegar ya, de golpe. Ambos coindicen en que el cambio, eso abstracto y sin forma que asemejamos a la justicia, es lo que está en juego en las elecciones presidenciales el próximo 19 de junio. Con esto, quiero discurrir  sobre la memoria, o más bien la gestión de la memoria, que es quizá el soporte de la justicia. 

Los pueblos están condenados a la memoria, y Colombia no es la excepción. Para la muestra un botón: pensemos en la Comisión de la Verdad. Su misión es buscar «el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad»; promover el «reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios», y contribuir a «sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera». Queda claro que el intento por conseguir la tan anhelada, y no pocas veces usufructuada justicia, a veces confundida con la paz, es tirar del hilo de la memoria. El éxito de una sociedad dependerá de la gestión de la memoria, que es también la gestión de la cultura y el poder. Así, basta ver los planes de gobierno contendientes para evidenciar la posición de los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales. Comparemos:

El Pacto Histórico: su visión de la memoria

La propuesta del Pacto Histórico está contenida en el numeral 3.2 del capítulo 3 («De la igualdad hacia una sociedad garante de derechos: haremos realidad la constitución del 91 por fuera del negocio»). Esta contiene varios aspectos: por un lado, propone el arte, la cultura y el patrimonio (ojo con la triada) como «alimentos vitales del espíritu y el corazón», al tiempo que los eleva a la categoría de «derecho fundamental y dimensión sustancial del saber», como lo manifiesta el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Pacto Histórico hace de la cultura una herramienta para garantizar el reconocimiento a las ciudadanías libres y deliberantes, y afirma que «la cultura nos permitirá que aflore y se fortalezca nuestra memoria y sensibilidad para la construcción colectiva del gran tratado de paz que es el pacto histórico». ¿Suena bien, no? 

Otro aspecto de esta gestión de la memoria se plantea en el inciso 2: el «mínimo cultural vital», que es «el territorio donde se crean, circulen y apropien las prácticas artísticas y culturales, respetando las lógicas y dinámicas de cada contexto. Las fiestas y carnavales del patrimonio inmaterial serán para la gente». Esto conlleva que el arte haga parte de la vida cotidiana de las personas como mecanismo de construcción de paz, por tanto, de la justicia. Concluyamos con «la cultura en la educación y el cuidado»:

El reconocimiento de las artes, las prácticas culturales y del patrimonio, existentes en las regiones, serán parte estratégica de los modelos de cuidado para la primera infancia, los adultos mayores y personas con discapacidad. El sistema educativo nacional tendrá el arte, la cultura y el patrimonio como eje estructurante de sus modelos pedagógicos en todos sus ciclos y para todos los grupos etarios desde la infancia hasta la juventud y será el núcleo junto con el deporte y la recreación de la jornada extendida.

Otro texto merecerá la financiación de este paraíso.

La Liga de Gobernantes Anticorrupción: su visión de la memoria

La Liga de Gobernantes Anticorrupción le dedica a la cultura y la memoria una parte del capítulo 2 titulado «Una Colombia a la altura del siglo XXI: nuestro camino para alcanzar el desarrollo económico y social del país». En este apartado, la Liga introduce el tema mencionando que «la cultura y el arte en Colombia apenas empiezan a recuperarse de los estragos que ocasionó la pandemia». Hace un paneo por las artes, como la música clásica y el cine, cita a Jerónimo Rivera, quien en su libro El papel del cine colombiano en la escena latinoamericana aseguró que «con la ley de cine, el sector audiovisual en Colombia se dinamizó mucho», y continúa el programa mencionando que ese mismo panorama:

Se repite en la música, la pintura o la literatura, pues muchas de las actividades formativas se resintieron con el confinamiento. Según el portal Valora Analitik, el sector de la cultura y el entretenimiento de Colombia recibió $6,5 billones en 2021 que le apuntaron a recuperar el terreno perdido.

Finalmente, se destaca la música clásica como adalid de la sobrevivencia.

Con este marco, la Liga propone, por un lado, «introducir la cultura y el arte en la cadena productiva del país a través del fomento de la industria creativa»; asimismo, «intervenir arquitectónicamente, con curaduría de arte (estética) los escenarios culturales ya existentes». Para esto implementará un sistema de curadores avalado por expertos reconocidos internacionalmente. Cabe mencionar que el «inge» (como le llaman cariñosamente en algunos medios), en su mandato en Bucaramanga, embelleció un teatro, un teatrino, un par de esculturas y algunas obras emblemáticas de la ciudad, convirtiéndolas en centros de negocio cultural, no para la cultura. 

La Liga también propone «incentivar la pedagogía en temas culturales desde la primera infancia hasta los estudios universitarios, en un proceso que se adelantará con el fin de preservar las tradiciones orales y escritas y las costumbres ancestrales de cada una de las regiones colombianas, como una forma de conservación del patrimonio cultural y artístico». Para fomentar el acceso, propone «establecer la gratuidad en el ingreso a escenarios artísticos y culturales, como la red de museos, para niños y jóvenes hasta la mayoría de edad, o los 26 años en el caso de estudiantes universitarios activos». Y concluye que en su Gobierno «los rubros de cultura y arte pasarán de estar en un último plano a ser protagonistas; por tal razón aumentaremos el presupuesto de inversión en estas áreas, para promover el nacimiento de pequeñas y grandes empresas».

Me llama la atención el empeño con el que la Liga propone espacios de cultura, léase de memoria, como museos y teatros, justo antes de la mención de la «curaduría por parte de expertos internacionales», porque esta idea instala dos aspectos: primero, marca la distinción de lo que será cultura promovida por el Gobierno, una suerte de alta cultura, pues la otra, la que incluye oralidades y otras formas diversas, será objeto de una mera «pedagogía»; segundo, los lugares de cultura oficial, museos y teatros serán la casa del archivo que representa un bien común y público, y estarán bajo la protección oficial que toman providencias especiales (curadores internacionales que prohibirán, inventariarán, controlarán y restaurarán quién sabe qué y cómo) para su preservación; es decir: la continuidad de una idea de cultura superior, de una memoria nacional más digna que el resto de memorias. 

Los contrastes

La Liga, en cabeza de Rodolfo Hernández, quien usa su título universitario como carta de presentación en un país con una enquistada jerarquización profesional que pone a los/las «inges» y «docs» en el tope, y a los «profes» en una zona indefinida y romántica, propone tratar la cultura, por ende la memoria, como un rublo económico, dejando por fuera su dimensión socio-espiritual y patrimonial. El mensaje es claro: si no es un negocio, no tiene cabida. Esta postura es peligrosa y, me atrevo a decir, malintencionada, pues desemboca en dos escenarios: el del deterioro de las prácticas de la memoria de los pueblos étnicos, es decir, el desgaste histórico de su existencia misma, pues la agencia de la memoria de los pueblos étnicos no debe medirse en términos de ingresos a las arcas nacionales; y el otro escenario, casi como resultado del primero, es el aval gubernamental para la apertura de brechas étnicas.

Por su parte, las propuestas del Pacto son tan bellas (¿idílicas?) que me asalta la duda. La idea de esa suerte de democratización de la cultura es una propuesta de gestión de la memoria en donde todos pueden y deben participar, puesto que allende los bellos museos y teatros existen casas culturales y de arte, espacios de comadreos y juntanzas, mentideros y fogones de leña en donde también se sucede la cultura, la memoria, la justicia. 

El Pacto propone la construcción de la memoria colectiva que solo se da por procesos de negociación. Es decir, la memoria colectiva se completa en el momento en el que se hayan cruzado suficientes puntos de encuentro con las memorias-otras, las que no son mi memoria individual. Sin embargo, la negociación parece enmascarar un proceso de imposición violento y amañado que está presente y latente, y que no queda muy claro cómo el Pacto lo resolverá. 

Queda claro que no hay propuestas sin intenciones, así como no hay poder político sin el control de la memoria, y no hay memoria sin cultura. También queda claro que la memoria está hecha de silencios, y el lugar que estos ocupen en la nación será imprescindible para hablar de paz, memoria y justicia, o si no pregúntenles a las Madres de Soacha o escuchen los testimonios de perdón de los militares en audiencia pública. Este próximo domingo el pueblo colombiano deberá escoger qué tipo de memoria quiere transmitir; el 19 de junio definiremos, como pueblo, cuál será el lugar de la memoria, el olvido, el perdón, la paz y la justicia. 

Nota bibliográfica: La primera versión de este artículo se publicó en la Revista Vive Afro. La versión que aquí presentamos nos la comparte el autor.

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